Dejar toda una vida atrás no es fácil. Tampoco lo es adaptarse a un nuevo territorio, menos partir de cero en un lugar extraño, sin nadie y sin nada. Lorena, Frank y cerca de mil personas saben que escapar de su tierra por temor a perder la vida conlleva mucho sufrimiento y esfuerzo, y saben, en carne propia, lo difícil que es insertarse en una sociedad distinta, con otras costumbres, otro ritmo de vida y en otras circunstancias.
Atrás la familia, los amigos y las raíces, por delante el desafío de sobrevivir en un lugar en donde no se conoce a nadie ni se tiene nada… salvo las ganas de construir una vida libre de temor, amenazas y violencia. Es la realidad de cerca de mil personas en nuestro país, lugar en donde encontraron la posibilidad de instalarse, alejarse del peligro y acercarse a una vida feliz y tranquila.
La esperanza de un mejor vivir acompañan día a día a Lorena, a Frank y a muchas otras personas que huyeron de su país porque su vida, seguridad o libertad de vieron amenazadas por un clima de violencia desmedida que no fueron capaces de tolerar y que les llevó, de forma urgente, a abandonar su país de origen para instalarse en otro totalmente distinto.
Frank tiene 32 años y es nigeriano. De piel oscura, nariz ancha y tan alto que para abordar del metro tiene que encorvarse. A primera vista parece una persona ruda e intimidante, sin embargo sus ojos expresivos y profundos reflejan la tristeza que ha ido acumulando a lo largo de los años en los que ha estado lejos de sus seres queridos. Hace cuatro años tuvo que abandonar Nigeria: allí dejó a sus amigos, a su familia y sus ideales que, según dice él, transformarían a Nigeria en un país mejor y libre de violencia. Luego de ser amenazado de muerte por estar en desacuerdo con el sistema de gobierno nigeriano, Frank decidió velar por su integridad y abandonó su tierra. Llegó a Chile sin nada y fue derivado a la Vicaría de la Pastoral Social. Allí fue en donde lo acogieron y ayudaron a hacer la solicitud de refugio al
Gobierno y, además, le entregaron las herramientas necesarias para que pudiera valerse por sí mismo.
“No fue fácil al comienzo. Yo tenía mucha esperanza de poder sobrevivir porque la salida de mi país fue una decisión que tomé de un momento a otro, porque no estaba de acuerdo con el sistema. Yo vivía cómodo en mi país porque tenía mi trabajo, mi empresa, pero había mucha presión política. Por eso decidí alejarme, porque hay mucha matanza, muchas personas muriendo sin ninguna razón. A mí también me persiguieron, llegaron intimidándome diciendo ‘te vamos a matar’ y con esa presión uno no puede vivir” cuenta Frank.
En Chile hay más de 1.100 refugiados reconocidos por el Gobierno y casi 500 personas que están en el país en proceso de solicitud de refugio. El 90% de ellos son colombianos y el resto provienen de pueblos tan lejanos y diversos como Sri Lanka, Afganistán, Irak, Ruanda, Ex Yugoslavia, Nigeria, Afganistán, entre otros.
La problemática de los refugiados es un asunto que está vigente hoy en día y amerita la atención de la comunidad internacional.
ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) es un organismo creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas cuya tarea fundamental consiste en incentivar el respeto por los derechos básicos de los refugiados (educación, trabajo y salud). También vela por que ninguna persona sea devuelta en contra de su voluntad a un país donde tema ser perseguida. La Vicaría de Pastoral Social es, desde el año 1998, la agencia que implementa los programas del ACNUR en Chile, y desarrollan programas dirigidos a apoyar la integración de los refugiados en el país.
“Cuando llegué no tenía ningún conocimiento del español y no me podía comunicar fácilmente con la gente. Como te ven como extranjero en el primer momento piensan que eres un americano y te preguntan “Do you speak english?” Así yo comencé a hablar muy poco, hasta que pude hacer el curso de español en la Vicaría, porque no me quedaba otra opción para poder comunicarme con la gente y para salir de la situación en la que estaba. Ahora hablo como un chileno y me trato de comunicar con la gente lo más posible que pueda”.
Lorena tiene 46 años, es colombiana y refugiada reconocida por el Gobierno. Llegó hace dos años a Chile huyendo de la violencia que acabó con la vida de sus seres queridos y que amenazó la suya y la de su familia. Luego de pasar por las más amargas situaciones, entre ellas el asesinato de su esposo y el derrumbe de toda una vida que había construido junto a él, Lorena, con muchísimo esfuerzo, logró establecerse en nuestro país. Antaño vivía en Cali, una cuidad situada en el corazón mismo de Colombia, tenía su propio restaurante y se dedicaba, por hobbie, a hacer guías turísticas en su ciudad natal. Hoy vive en una pequeña pieza ubicada en un barrio modesto en Santiago Centro junto a su hija Evelyn. El sustento diario lo obtiene mediante la elaboración y venta de panes integrales y mermeladas. Y es que ella también solía tener una panadería y gracias a eso cautivó el paladar de la gente de la Vicaría, quienes le concedieron el préstamo que impulsó su negocio y con ello, su paulatina inserción a la sociedad.
Llegó junto a su hija hace tres años y la primera noche en Chile la pasaron en el Hogar de Cristo “Esa fue una de las noches que recuerdo con más tristeza de mi vida, sobretodo por mi hija Evelyn. Yo me preguntaba ‘¿Qué estamos haciendo aquí?’. Solo deseaba despertar de la pesadilla y contarla al día siguiente a mis colegas en Colombia” cuenta Lorena con nostalgia. Lamentablemente, la pesadilla era la vida real y lo único que podía hacer al respecto era tratar de despertar, abrir los ojos y salir adelante por ella misma y por su hija. Del Hogar de Cristo la derivaron a la Vicaría, en donde la ayudaron en términos legales par presentar una solicitud de refugio.
Mientras la solicitud era estudiada por el Gobierno, Lorena tuvo que arreglárselas por dos años para perdurar en nuestro país. Una tarea bastante compleja teniendo en cuenta que quienes están en espera de refugio no cuentan con cédula de identidad, lo cual dificulta considerablemente las oportunidades de conseguir un trabajo digno.
“A pesar de que el Gobierno les da un documento temporal para desempeñar una actividad remunerada, la mayoría de los empleadores se muestran reticentes a contratar gente refugiada y se debe a la falta de una cédula de identidad” asegura Marta González, jefa del área de refugiados de la Vicaría Pastoral Social. “Y si es que encuentran trabajo, generalmente, se trata de trabajos indignos, en donde el sueldo es precario y son explotados”, agrega.
Y es cierto. Lorena paso por muchos trabajos en su intento por subsistir: “ Recuerdo que trabajé un mes y medio en costura a cambio de 50 mil pesos chilenos, o sea no me alcanzaba ni para pagar el arriendo. Me venía caminando desde General Velásquez con Carrascal hasta Cueto con Sotomayor. Una hora caminando todos los días, ida y vuelta ya que no tenía dinero para gastar en locomoción” cuenta Lorena cuando recuerda uno de sus primeros empleos.
Frecuentemente los refugiados ven vulnerados sus derechos y dignidad. “La mayoría de ellos son discriminados, y la gente de color más aún. Son lo último de la sociedad en nuestro país, no son tomados en cuenta y por lo tanto cuesta mucho que se le abran las puertas”, asegura Andrea Aravena, funcionaria la Sección Refugiados de el Departamento de Migración y Extranjería.
La integración de los refugiados a la sociedad chilena es una paradoja: si bien, Chile les da la bienvenida y los acoge con los brazos abiertos, hay puntos trascendentales que deben ser solucionados para que nuestro país pueda brindarles y asegurarle a los refugiados una estadía grata y solidaria. Para lograrlo es elemental, según Marta González, que el derecho a un trabajo digno sea una realidad, y eso solamente se puede conseguir si los parlamentarios deciden desempolvar un proyecto de ley que se encuentra dormido hace varios meses, el cual propone una serie de modificaciones, que de llevarse a cabo, mejorarían de forma considerable la situación laboral de quienes han llegado a Chile a reconstruir sus vidas.
Lorena y Frank están aún reinsertándose en la sociedad chilena. Hasta el momento lo han logrado a punta de esfuerzo y sudor. Mientras tanto, un número considerable de solicitantes de refugio tratan de subsistir y salir adelante trabajando, la mayoría, en empleos precarios, remunerados con salarios indignos y sufriendo en el país que les dio la bienvenida, pero que una vez adentro, cierra sus puertas.
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Las torturas que se cometen en estos mismos momentos en Iraq y las violaciones a los derechos humanos que ocurren a la orden del día en nuestro país no deben ser pasadas por alto. Cuando los tribunales nacionales se encuentran incapacitados, el organismo encargado de juzgar a los responsables de estos crímenes tiene nombre: Tribunal Penal Internacional. ¿El problema? Chile es el único país en Sudamérica que aún no lo ratifica.Miles de víctimas muertas, torturadas, y con todo tipo de secuelas, fueron el resultado de la Primera y Segunda Guerra Mundial. El shoa, o catástrofe como le llaman los judíos al Holocausto, se transformó en el estandarte, el soporte más fuerte y el más fiel retrato de las atrocidades que un ser humano puede cometer en contra de otro. Motivos sobraban para que surgiera la necesidad de crear un organismo que velara a favor de los derechos inherentes de las personas y juzgara a quienes los transgredieran.
Muchos fueron los intentos. Después de la Primera Guerra Mundial surgió la iniciativa preliminar por parte de las potencias vencedoras: la creación de un tribunal internacional que persiguiera a los individuos responsables pero, lamentablemente, no pudo ser llevada a cabo por la explosión de la Segunda Guerra Mundial. Cuando ésta finalizó se retomó la idea, y bajo el seno de las Naciones Unidas se crearon los tribunales de Nüremberg y Tokio. También, se elaboró, entonces, el primer bosquejo del Tribunal Penal Internacional.
Pero mientras tanto, miles de crímenes seguían efectuándose en el mundo bajo contextos de guerras, dictaduras, y situaciones que los propiciaban, defendían y amparaban, silenciados por la extrema tensión que la Guerra Fría provocaba en aquel entonces. Cuando cayó la Unión Soviética, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó en el año 1995 un segundo tribunal con el fin de sancionar las violaciones cometidas en la ex Yugoslavia.
Con estos antecedentes, finalmente se creó una Comisión Preparatoria, que dio el primer paso y desarrolló un texto final, que sería aprobado por la Conferencia de Roma en el año 1998. Al fin la iniciativa se paraba por si misma: Se creaba el Tribunal Penal Internacional, ratificado con 60 firmas de naciones reunidas el 11 de abril del año 2002. Pero, ¿a quién le importa toda esta cronología? A muy pocos, y pocos saben que esta corte, que atravesó por las más diversas dificultades y que se perfila como la más importante en cuanto a Derechos Humanos se trata, lucha actualmente por ser aprobada en Chile, el único país de Sudamérica que se muestra reticente a aceptarla.
Para el senador por la Región del Maule, Jaime Gazmuri (PS) la constante postergación de la discusión del TPI “Ha evitado el bochorno de tener que explicar al mundo por qué, después de ocho años, Chile no ratifica este documento que es una manifestación planetaria del compromiso por la defensa de los Derechos Humanos”.
El Tribunal Penal Internacional, conocido también como el TPI, tiene la facultad de llevar a la justicia a los individuos, no a los Estados, responsables de crímenes tan terribles como el genocidio, crímenes de guerra que infringen gravemente los Convenios de Ginebra, y los crímenes de lesa humanidad, que abarcan la violación, la esclavitud sexual, la prostitución, embarazo y esterilización forzada y otros. Esta corte actúa cuando los Estados no tienen voluntad para llevar adelante procesos judiciales o se encuentren incapacitados para juzgar los crímenes que violen los derechos humanos cometidos después del 1 de julio del 2002.
El Tribunal Penal Internacional ayudaría a que las transgresiones en nuestro país, tales como violaciones y esclavitud sexual, fuesen juzgados rápidamente por una corte supranacional. Para que esto ocurra, el TPI crea las condiciones para que se modifiquen las legislaciones nacionales en virtud de los nuevos estándares jurídicos relacionados con violencia y género, brindando una oportunidad única en el fortalecimiento de los derechos humanos.
La Cámara de Senadores en unión con la de Diputados tienen como función concurrir a la formación de leyes y tratados internacionales. La aprobación del Tribunal Penal Internacional está en manos de los parlamentarios, pero la Alianza por Chile rechaza abiertamente su aprobación aludiendo a asuntos como la soberanía y a presiones internacionales, como la de Estados Unidos, que suprimiría la ayuda militar a los países signatarios. 
Jaime Gazmuri (PS), senador por la Región del Maule señala que hay una ley norteamericana que estipula algo parecido (American Security Protection Act) pero que “Existen muchas voces en el Congreso americano que quieren derogar esta cláusula; y aún cuando la hicieran efectiva ella afectaría sólo a ciertos materiales que son, prácticamente, deshechos militares”.
Según Julio Barría, abogado de la Universidad de Chile y de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial “Estados Unidos plantea su no aceptación, pero está dispuesto a aceptarlo bajo la condición de que sus soldados, que normalmente son los que cometen graves crímenes, no puedan ser juzgados por este Tribunal Internacional”.
Juan Manuel Poblete, Cientísta Político de la Usach coincide con Barría y señala “Los norteamericanos están en duda porque el problema es que ellos también podrían pasar a juicio por los crímenes de Vietnam, por los crímenes en Centroamérica, o donde han invadido últimamente como Iraq…”
Es evidente que los medios de comunicación no han tocado este tema y ese es uno de los principales problemas que enfrenta hoy en día la aprobación de esta corte supranacional “No ha habido una discusión adecuada de determinar cual es su competencia y cuales podrían ser las personas que podrían ser juzgadas por este Tribunal Internacional. Yo creo que el desconocimiento es producto de la desinformación y los pocos antecedentes que existen”, señala Barría.
La discusión se encuentra postergada, como es de esperar, y sigue afectando la imagen internacional de Chile, confirmando su incoherencia en cuanto a política exterior y manteniendo a nuestro país al margen de la instancia más importante dedicada a la protección de los Derechos Humanos.
“Firmes para que firmen” es el eslogan de una campaña dirigida a senadores y diputados, a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía, con el objetivo de crear conciencia acerca de este tema. Las violaciones a los Derechos Humanos no pueden quedar impunes, y el TPI ayuda de forma significativa a que hechos tan ruines como la violencia sexual, la tortura y los homicidios sean juzgados. Para que nunca más.
FIRMA ACÁ PARA QUE CHILE SEA PARTE DEL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL
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Luego de que Argentina cortara abruptamente en un 100% el suministro de gas a Chile, se hizo evidente la dependencia energética de nuestro país y enseguida generó el debate sobre la necesidad de diversificar las fuentes de energía para lograr una autonomía en este ámbito. Junto con ello, surgieron propuestas tales como energía nuclear, biocombustibles, centrales hidroeléctricas entre otras, además de tomar medidas urgentes para contrarrestar la crisis del gas de forma momentánea. Todas estas propuestas, sin duda, abren el debate sobre cuales son las alternativas energéticas más viables para nuestro país.
La crisis energética por la cual atraviesa Chile se hizo evidente cuando Argentina decidió frenar el suministro de gas a nuestro país durante todo un día y en un 100% debido a la ola de frío que azotó a la nación trasandina.
Aunque el corte no afectó el abastecimiento de gas natural a los domicilios particulares, éste perjudicó a las empresas que quedaron privadas de energía y se vieron obligadas, la mayoría, a funcionar con otro tipo de combustibles como el diésel, lo que influyó en su rendimiento y les significó un mayor costo.
Este corte evidenció la dependencia energética de nuestro país y la búsqueda de alternativas que contrarrestaran esta crisis se volvió de suma importancia al igual que la toma de medidas urgentes para parchar esta dificultad.
El GNL (gas natural licuado) es un combustible fósil que está compuesto principalmente por metano. Es inodoro, incoloro, no corrosivo y no tóxico. Este gas es una de las alternativas energéticas más factibles y concretas para nuestro país. 
Es por eso que ENAP, Metrogas, Endesa y BG Group (británica) firmaron los contratos finales que buscan asegurar el suministro de gas licuado para el complejo de regasificación que se construye actualmente en la bahía de Quintero. Esta planta asegura el abastecimiento de gas licuado durante 20 años y estaría funcionando a su máxima capacidad el año 2010. "Estamos en las tareas de anclado de pilotes y la construcción del muelle; y en la parte alta ya terminamos la remoción de tierras y ahora estamos en la etapa de hacer las fundaciones para instalar los estanques de almacenamiento. Hemos removido 400 mil metros cúbicos de tierra", contó Jorge Egaña, ingeniero encargado de la obra.
Otra alternativa que se baraja es la construcción de una planta hidroeléctrica en Aisén de unos 500 MW que se transformaría en una de las más ambiciosas propuestas para la diversificación energética y también en una de las más criticadas. Este proyecto consiste en llevar la electricidad a través de un enorme tendido de cables directamente hasta Santiago en forma de corriente continua, lo que permitiría tener menores pérdidas en el largo transporte.
La propuesta requeriría una inversión estimada en unos 4.000 millones de dólares y finalizaría a fines del año 2018. Para lograrlo Aisén tendría que sacrificar su entorno natural, su industria turística al construir estas represas y continuaría pagando altos costos de electricidad ya que Antofagasta y Santiago aprovecharían la mayor parte de los beneficios, lo que no tiene contentos a los grupos ecologistas ni a los habitantes de la región.
Una medida rápidamente aprobada por las autoridades a pesar del evidente descontento manifestado por los residentes de la comuna de Peñalolén fue la planta de propano-aire impulsada por Metrogas, catalogada de prioritaria ante la crisis de gas que afecta particularmente a esta empresa.
Los vecinos de Peñalolén, representados por el alcalde Claudio Orrego ante el Parlamento, manifestaron la necesidad imperiosa de modificar la ley ambiental que actualmente rige en nuestro país, la cual permite iniciar las obras antes de que el proceso de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental finalice y pasa por alto las observaciones que efectúan los municipios y otros organismos, que en el caso de ser negativas, pueden afectar el desarrollo del proyecto.
Dentro de los argumentos que esgrimen en contra de la construcción de la planta de gas propano aire de Metrogas es que es altamente peligrosa, por no ser viable el terreno en donde sería construida, el cual, además, es una preservación ecológica que significa un patrimonio para la comunidad y la preocupación por preservar la precordillera. En tanto, Metrogas aseguró que la planta consta con todas las medidas de seguridad necesarias para ser establecida en el lugar "Nosotros estamos absolutamente convencidos de que el sistema excede con creces lo requerido para una planta de esta naturaleza", declaró Mauricio Russo, gerente comercial de esta empresa. Por su parte la diputada María Angélica Cristi acusó a Metrogas de buscar irresponsablemente la solución rápida más “buena, bonita y barata” en desmedro de la ecología, de las personas y de la comuna.
También se ha estado barajando como alternativa a considerar a los biocombustibles tales como el biodiésel (una mezcla de diésel con aceite obtenido de vegetales, grasa animal o aceite usado) o el Etanol (un aceite obtenido de maíz o caña de azúcar). Según Gustavo Padilla, ingeniero de gerencia de desarrollo de COPEC, encargado de estudiar la viabilidad de del desarrollo de biocombustibles para esta empresa “El biocombustible puede ayudar a sustituir en un 5% pero con la capacidad agrícola del país no da abasto como para perder la dependencia de la importación de energía”. Además de señalar que actualmente se está esperando la ley que regula los biocombustibles. Juan José Wipe, ingeniero de gerencia de desarrollo de COPEC dice que “económicamente no es atractivo y no es rentable para las empresas”. La energía nuclear también se la perfilado como otra alternativa a considerar para paliar la crisis energética y el Gobierno realizará investigaciones que estudiarán la posibilidad de instaurar en Chile plantas nucleares, aunque la presidenta Michelle Bachelet dijo no estar de acuerdo con esta opción energética “Por una convicción personal, ya que los peligros son conocidos y las plantas nucleares requieren de la más alta sofisticación para evitar accidentes potencialmente devastadores”. Mientras que José Miguel Insulza, secretario general de la OEA consideró la alternativa y argumentó que este tipo de energía no produce emisiones sulfurosas ni de mercurio ni emite gases que provoquen el efecto invernadero. Sean cuales sean las alternativas, es necesario estudiar cada una de ellas para tomar una decisión responsable que solucione la dependencia energética de nuestro país, y que brinde autonomía y diversidad para que una crisis así no se vuelva a repetir en el futuro.
NO a la planta hidroeléctrica de AisénNO a a la Energía NuclearLabels: biocombustibles, crisis gas, energia nuclear, gas natural, gas propano aire, hidroelectrica aisen