Thursday, June 14, 2007

LA INTERMINABLE LUCHA DEL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

Las torturas que se cometen en estos mismos momentos en Iraq y las violaciones a los derechos humanos que ocurren a la orden del día en nuestro país no deben ser pasadas por alto. Cuando los tribunales nacionales se encuentran incapacitados, el organismo encargado de juzgar a los responsables de estos crímenes tiene nombre: Tribunal Penal Internacional. ¿El problema? Chile es el único país en Sudamérica que aún no lo ratifica.

Miles de víctimas muertas, torturadas, y con todo tipo de secuelas, fueron el resultado de la Primera y Segunda Guerra Mundial. El shoa, o catástrofe como le llaman los judíos al Holocausto, se transformó en el estandarte, el soporte más fuerte y el más fiel retrato de las atrocidades que un ser humano puede cometer en contra de otro. Motivos sobraban para que surgiera la necesidad de crear un organismo que velara a favor de los derechos inherentes de las personas y juzgara a quienes los transgredieran.

Muchos fueron los intentos. Después de la Primera Guerra Mundial surgió la iniciativa preliminar por parte de las potencias vencedoras: la creación de un tribunal internacional que persiguiera a los individuos responsables pero, lamentablemente, no pudo ser llevada a cabo por la explosión de la Segunda Guerra Mundial. Cuando ésta finalizó se retomó la idea, y bajo el seno de las Naciones Unidas se crearon los tribunales de Nüremberg y Tokio. También, se elaboró, entonces, el primer bosquejo del Tribunal Penal Internacional.

Pero mientras tanto, miles de crímenes seguían efectuándose en el mundo bajo contextos de guerras, dictaduras, y situaciones que los propiciaban, defendían y amparaban, silenciados por la extrema tensión que la Guerra Fría provocaba en aquel entonces. Cuando cayó la Unión Soviética, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó en el año 1995 un segundo tribunal con el fin de sancionar las violaciones cometidas en la ex Yugoslavia.

Con estos antecedentes, finalmente se creó una Comisión Preparatoria, que dio el primer paso y desarrolló un texto final, que sería aprobado por la Conferencia de Roma en el año 1998. Al fin la iniciativa se paraba por si misma: Se creaba el Tribunal Penal Internacional, ratificado con 60 firmas de naciones reunidas el 11 de abril del año 2002.

Pero, ¿a quién le importa toda esta cronología? A muy pocos, y pocos saben que esta corte, que atravesó por las más diversas dificultades y que se perfila como la más importante en cuanto a Derechos Humanos se trata, lucha actualmente por ser aprobada en Chile, el único país de Sudamérica que se muestra reticente a aceptarla.

Para el senador por la Región del Maule, Jaime Gazmuri (PS) la constante postergación de la discusión del TPI “Ha evitado el bochorno de tener que explicar al mundo por qué, después de ocho años, Chile no ratifica este documento que es una manifestación planetaria del compromiso por la defensa de los Derechos Humanos”.

El Tribunal Penal Internacional, conocido también como el TPI, tiene la facultad de llevar a la justicia a los individuos, no a los Estados, responsables de crímenes tan terribles como el genocidio, crímenes de guerra que infringen gravemente los Convenios de Ginebra, y los crímenes de lesa humanidad, que abarcan la violación, la esclavitud sexual, la prostitución, embarazo y esterilización forzada y otros.

Esta corte actúa cuando los Estados no tienen voluntad para llevar adelante procesos judiciales o se encuentren incapacitados para juzgar los crímenes que violen los derechos humanos cometidos después del 1 de julio del 2002.
El Tribunal Penal Internacional ayudaría a que las transgresiones en nuestro país, tales como violaciones y esclavitud sexual, fuesen juzgados rápidamente por una corte supranacional. Para que esto ocurra, el TPI crea las condiciones para que se modifiquen las legislaciones nacionales en virtud de los nuevos estándares jurídicos relacionados con violencia y género, brindando una oportunidad única en el fortalecimiento de los derechos humanos.

La Cámara de Senadores en unión con la de Diputados tienen como función concurrir a la formación de leyes y tratados internacionales. La aprobación del Tribunal Penal Internacional está en manos de los parlamentarios, pero la Alianza por Chile rechaza abiertamente su aprobación aludiendo a asuntos como la soberanía y a presiones internacionales, como la de Estados Unidos, que suprimiría la ayuda militar a los países signatarios.

Jaime Gazmuri (PS), senador por la Región del Maule señala que hay una ley norteamericana que estipula algo parecido (American Security Protection Act) pero que “Existen muchas voces en el Congreso americano que quieren derogar esta cláusula; y aún cuando la hicieran efectiva ella afectaría sólo a ciertos materiales que son, prácticamente, deshechos militares”.

Según Julio Barría, abogado de la Universidad de Chile y de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial “Estados Unidos plantea su no aceptación, pero está dispuesto a aceptarlo bajo la condición de que sus soldados, que normalmente son los que cometen graves crímenes, no puedan ser juzgados por este Tribunal Internacional”.

Juan Manuel Poblete, Cientísta Político de la Usach coincide con Barría y señala “Los norteamericanos están en duda porque el problema es que ellos también podrían pasar a juicio por los crímenes de Vietnam, por los crímenes en Centroamérica, o donde han invadido últimamente como Iraq…”

Es evidente que los medios de comunicación no han tocado este tema y ese es uno de los principales problemas que enfrenta hoy en día la aprobación de esta corte supranacional “No ha habido una discusión adecuada de determinar cual es su competencia y cuales podrían ser las personas que podrían ser juzgadas por este Tribunal Internacional. Yo creo que el desconocimiento es producto de la desinformación y los pocos antecedentes que existen”, señala Barría.

La discusión se encuentra postergada, como es de esperar, y sigue afectando la imagen internacional de Chile, confirmando su incoherencia en cuanto a política exterior y manteniendo a nuestro país al margen de la instancia más importante dedicada a la protección de los Derechos Humanos.

“Firmes para que firmen” es el eslogan de una campaña dirigida a senadores y diputados, a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía, con el objetivo de crear conciencia acerca de este tema. Las violaciones a los Derechos Humanos no pueden quedar impunes, y el TPI ayuda de forma significativa a que hechos tan ruines como la violencia sexual, la tortura y los homicidios sean juzgados. Para que nunca más.


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